El Tribunal Supremo prohibe a la Agencia Tributaria cuestionar las deducciones con IMV del Ministerio de Ciencia e Innovación

El Tribunal Supremo ha dado un duro golpe a Hacienda al impedir que esta tumbe las deducciones por I+D+i ya avaladas por el Ministerio de Ciencia e Innovación, decisión que marca un hito en la seguridad jurídica para las empresas que se acogen a estos incentivos fiscales. Este fallo refuerza la idea de que los informes vinculantes emitidos por el Ministerio de Ciencia e Innovación tienen un peso crucial, lo que impide que Hacienda cuestione las deducciones aprobadas.

En el centro de esta controversia se encuentra el mecanismo mediante el cual las empresas pueden beneficiarse de importantes deducciones fiscales por invertir en proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Para poder optar a estas deducciones, las empresas deben obtener una certificación técnica que acredite la validez del proyecto como un verdadero esfuerzo de innovación. Dicha certificación es emitida por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y una vez obtenida, las empresas presentan estos informes ante Hacienda para justificar sus deducciones en el Impuesto de Sociedades.

No obstante, en los últimos años, Hacienda había comenzado a revisar e incluso anular muchas de estas deducciones a pesar de contar con la validación del Ministerio de Ciencia e Innovación, alegando que no se ajustaban a lo estipulado en la normativa fiscal. Esta práctica había generado incertidumbre entre las empresas, que veían cómo sus deducciones, previamente avaladas, eran rechazadas por el fisco, lo que les obligaba a devolver importantes cantidades de dinero, además de las sanciones e intereses correspondientes.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo pone fin a este conflicto al establecer que una vez que un proyecto ha sido certificado por el Ministerio de Ciencia e Innovación como válido para recibir deducciones por I+D+i, Hacienda no tiene la potestad de desautorizar esta validación técnica. En otras palabras, Hacienda debe respetar los informes vinculantes del Ministerio, y no puede revisar ni rechazar las deducciones basándose únicamente en su criterio.

Este fallo es especialmente relevante para el sector empresarial, ya que el uso de incentivos fiscales para fomentar la innovación es una herramienta clave para el crecimiento y la competitividad. La investigación, el desarrollo y l ainnovación son motores fundamentales de la economía, y muchos países, incluida España, ofrecen deducciones fiscales como un mecanismo para impulsar las inversiones en estas áreas. Sin embargo, la inseguridad jurídica generada por la posibilidad de que Hacienda anule estas deducciones había sido un obstáculo para muchas empresas, que preferían no arriesgarse a hacer grandes inversiones en proyectos que luego podrían no ser reconocidos a efectos fiscales.

La decisión del Supremo también refuerza el papel del Ministerio de Ciencia e Innovación como el órgano competente para determinar qué proyectos califican como I+D+i, garantizando así que las evaluaciones técnicas sean respetadas en el ámbito tributario. Esto no solo aporta mayor claridad a las empresas que buscan beneficiarse de estas deducciones, sino que también crea un marco más transparente y predecible para la relación entre la Administración y el sector privado.

El impacto de esta sentencia es amplio y puede generar un efecto positivo en la confianza empresarial. Según expertos fiscales, las empresas ahora pueden planificar mejor sus inversiones en investigación y desarrollo, sabiendo que si obtienen la validación técnica del Ministerio de Ciencia e Innovación, sus deducciones no serán puestas en duda por Hacienda.

Por otra parte, algunos analistas señalan que Hacienda podría intentar buscar otras formas de ejercer control sobre las deducciones fiscales por I+D+i, aunque el fallo del Supremo limita considerablemente su margen de maniobra en este sentido. En cualquier caso, lo que queda claro es que las deducciones por I+D+i deben ser respetadas si cuentan con la certificación adecuada.

Finalmente, este caso resalta la importancia de contar con una normativa clara y coherente en materia de incentivos fiscales para la innovación. La seguridad jurídica es un factor determinante para fomentar la inversión en proyectos de investigación, desarrollo e innovación, y la reciente sentencia del Tribunal Supremo contribuye a crear un entorno más favorable para que las empresas se aventuren en este tipo de iniciativas sin temor a que sus deducciones fiscales sean anuladas de manera arbitraria.